Más
de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se extienden por
todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco
mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de
cerca por otras autonomías como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha
investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de
cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Los
casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración y
las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a
dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
Hace
pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana
José Manuel Vela como consejero de Hacienda por la presunta filtración de un
documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la Administración de
Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la
comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la
operación Gürtel o el caso Noós.
Alguno
de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una
comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de
imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar
durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por
alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación
irregular del PP balear durante su mandato.
Entre
las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que
investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del
Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está implicado el popular
Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del
Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.
Otro
de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de
los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas
entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio
Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de
Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado
provincial de Empleo.
Sin
embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan
por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes
y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados
judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son
alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o
Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en
estos escándalos locales.
La
mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de
prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de
influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la
adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que
investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant
Andreu de Llavaneres y Sabadell.
También
en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos municipios
y que han llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus alcaldes;
además de provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago de
Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado
291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora.
También
concentran varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta
una decena de regidores están imputados en diferentes casos judiciales, además
de varios que ya han dejado el bastón de mando.
Los
escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades como Camas
(Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales han sido condenados a 14 meses
de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales
(Asturias) o Águilas (Murcia).
La
mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos,
aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo
1.400 habitantes y en el que la alcaldesa -que relevó en el cargo a su marido
inhabilitado- ha sido imputada por supuestamente participar en la manipulación
de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.
También
en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue
inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43 licencias de tablaos
flamencos en el municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de
hostelería.
También
está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, en el que el
alcalde nombró al inicio de la legislatura actual como concejal del Medio
Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel
y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de incendio
forestal.
En
algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es
el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de
que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con
hasta nueve casos de corrupción.
En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación
irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta
centenaria institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la
entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están
imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación
y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.
Dentro
de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del
Bankia y la CAM,
en los que están imputados exmiembro de sus consejo de administración que han
ostentado cargos públicos, entre ellos los exministro Rodrigo Rato y Ángel Acebes,
ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional
investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja
Castilla-La Mancha.
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