Políticos y jueces. Caso "Pallerols" vs caso Durán i Lleida
Unió Democrática de Catalunya ha reconocido que se apropió de
dinero de fondos europeos destinado a parados y se lo quedó en los bolsillos
del partido. Ahora, los responsables del robo han asumido un delito cometido
hace veinte años para no ir a la cárcel y para que su líder, Josep Antoni Duran
i Lleida, se ahorre el trago de tener que declarar ante el juez. Con el
reconocimiento impune –sin cárcel del delito, el mensaje que se envía a la
ciudadanía honrada es demoledor: robe usted ahora, utilice todas las
triquiñuelas a su alcance para impedir que la justicia lo siente en el
banquillo y, veinte años después, antes de ser juzgado, reconozca que robó,
devuelva la cantidad, ¡sin intereses!, pida perdón y asunto resuelto.
Por supuesto que ningún ciudadano honrado al que le dé por
robar, apurado por la crisis y el paro, recibirá este tratamiento por ningún
juez, pero este caso de evidente corrupción pone de manifiesto la lentitud de
la justicia hasta hacerla injusta, la capacidad de algunos partidos para
compatibilizar el robo con las clases de ética y las nulas responsabilidades
penales que tienen algunos delincuentes, reincidentes en lo de la financiación
ilegal de Unió.
Semana tras semana, algunos políticos no paran de facilitar
munición a aquellos que han decidido que la crisis es responsabilidad de los
políticos, que la culpa de todo la tienen los políticos. En este panorama,
resulta cada vez más complicado seguir en la defensa de la política y de la inmensa
mayoría de los militantes de los partidos. Podemos concluir, antes de que
termine la crisis, que esta se llevará por delante a los políticos y a la
valoración que los ciudadanos tenían, antes del batacazo económico, de la
política. Están dadas, por tanto, las condiciones para que surja el populismo,
o cosas peores. Pero, además del desprestigio de ciertos políticos, el llamado
‘caso Pallerols’ nos habla de la injusta justicia.
¿Cómo es posible que un delito que se cometió en los noventa
tarde en llevar al banquillo a sus autores hasta enero de 2013? No se trata
solo de las argucias de los culpables para enredar y ralentizar el proceso,
estamos ante un sistema que no se percibe como justo por la población, no solo
por la arbitrariedad de que ante un mismo delito sea decisivo qué juez te
toque, también porque se ensancha la percepción de que no todos somos iguales
ante la justicia. Tenemos en España 200 cargos públicos imputados –76 en
Baleares, parque temático, junto con Valencia, de la corrupción, un desapego
creciente de la población respecto de los políticos y una justicia que, después
de casi cuarenta años de democracia, no acaba de ser justa por su lentitud.
JOSÉ MARÍA CALLEJA, EL CORREO 11/01/13
